La Superintendencia de Transporte abre investigación contra 37 organismos de tránsito tras hallar fallas técnicas en los sistemas de detección de fotomultas. El impacto económico supera los $2,1 billones en sanciones.
El Gobierno Nacional, bajo la lupa de la Superintendencia de Transporte, ha puesto en el ojo la operación de los sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos popularmente como ‘fotomultas’, tras detectar graves incumplimientos en su legalidad técnica.
Lo que para muchos conductores era una sospecha constante de “trampas y abusos a manera de recaudos ilegales “, hoy toma forma de expediente oficial. La investigación apunta a que gran parte de estos dispositivos operaban sin el respaldo legal necesario, vulnerando el debido proceso de más de 1,4 millones de ciudadanos.
El fallo técnico: Sin el aval de Metrología
El eje central de esta crisis radica en la ausencia del ‘concepto de desempeño’. Según la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, cualquier sistema de fotodetección debe contar con una certificación del Instituto Nacional de Metrología para garantizar que sus mediciones sean exactas y confiables.
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La investigación reveló que 12 organismos de tránsito encendieron sus cámaras de fotomultas sin tener este documento, mientras que otros 18 organismos solo obtuvieron el permiso técnico después de haber impuesto miles de comparendos. Esta falla convierte a los dispositivos en herramientas de recaudo ilegales, pues no existe certeza científica sobre la fotomulta detectada.
Los implicados: Las principales capitales en la mira
La lista de los 37 organismos investigados incluye a los actores más grandes del ‘ajedrez vial‘ en el país. Ciudades con alta densidad de tráfico y sistemas robustos de cámaras para fotocomparendos ahora deben responder por la validez de sus procedimientos.
Entre las ciudades señaladas aparecen las autoridades de tránsito de:
- Cali: Lidera la lista con 2,7 millones de comparendos bajo sospecha.
- Medellín: Registra más de 717.000 comparendos investigados.
- Bogotá: Presenta irregularidades en cerca de 294.000 multas.
- Barranquilla: Suma más de 131.000 sanciones en entredicho.
El millonario golpe a las arcas de los municipios
Si usted es uno de los ciudadanos que ya pagó una multa impuesta de manera irregular, hay buenas noticias. La Superintendencia identificó que se han recaudado más de $1,05 billones por concepto de 1.582.398 multas que no cumplían con los requisitos de ley.
De confirmarse las irregularidades, los organismos de tránsito no solo estarían obligados a devolverle su dinero, sino que enfrentarían sanciones equivalentes al doble de lo recaudado. Esto pondría a las secretarías de tránsito frente a una deuda de $2,1 billones, una cifra que desestabilizaría las finanzas de cualquier municipio que haya priorizado el recaudo sobre la legalidad.
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Revocatoria de oficio: Qué significa para usted
Para quienes tienen deudas vigentes por este concepto, el alivio es inmediato. Un total de 5.832.906 comparendos que aún no han sido saldados deberán ser revocados ‘de oficio’. Esto significa que la autoridad de tránsito debe eliminarlos de su sistema sin que usted tenga que realizar trámites extenuantes, siempre y cuando se confirme la irregularidad en la cámara de fotocomparendos que lo detectó.
La ministra de Transporte, Mafe Rojas, ha sido enfática en que el objetivo no es desproteger la seguridad vial, sino garantizar que la tecnología se use con transparencia. “Las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley”, sentenció la funcionaria.
Hacia un nuevo orden en la fotodetección
Este precedente administrativo marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y el conductor. El uso de sistemas SAST (Sistemas Automáticos y Semiautomáticos de Detección de Infracciones) deberá someterse ahora a una vigilancia más estricta, donde el software y la calibración primen sobre la intención de aplicar comparendos.
El reto para el resto de 2026 será la depuración del sistema en el RUNT y la recuperación de la confianza ciudadana. Si los organismos de tránsito pretenden seguir usando tecnología para controlar el tráfico, deberán entender que la ley prima sobre cualquier interés.
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